Es una situación más frecuente de lo que parece. Un empresario empieza a tener problemas con el negocio y los acreedores –generalmente entidades financieras- le exigen garantías personales para concederle una refinanciación con la que salvar la compañía. El problema llega cuando la empresa acaba quebrando y es el empresario el que se queda con la obligación de responder por todas las deudas.

Una situación que hasta hace unos años condenaba de por vida a los afectados, que ya nunca conseguían desprenderse de la etiqueta de morosos, pero que ahora tiene solución gracias a la denominada Ley de Segunda Oportunidad, que permite a las personas naturales declararse también en concurso y solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho.

Es lo que ha conseguido una empresaria de la provincia, a la que el juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante acaba de perdonar nada menos que 3,4 millones de euros, la mayor cantidad exonerada hasta la fecha en virtud de esta legislación en la provincia que se conozca públicamente y una de las mayores de toda España. Un auto fechado el pasado 19 de junio, en el que la beneficiada estaba representada por la letrada Lola Ramos, del bufete Cañizares Abogados

Publicado en informacion.es